EL APÓSTOL JORGE TADEU NO FUE ASESINADO EN ANGOLA PORQUE LA ISRAELI BLACK CUBE LO PROTEGIÓ

​EL APÓSTOL JORGE TADEU NO FUE ASESINADO EN ANGOLA PORQUE LA ISRAELÍ BLACK CUBE LO PROTEGIÓ...

​Por: Lígia Pinto de Almeida, Diplomática y Presidente de la Beit Rem-Kabod

​En el proceso Face Oculta, la Policía Judicial (PJ) se dio cuenta de que varios objetivos descubrieron que estaban bajo vigilancia y que alguien incluso tenía acceso al sistema informático donde la policía guardaba los secretos del proceso Banif. En el DCIAP desaparecieron durante dos semanas varias escuchas de conversaciones entre Armando Vara y José Sócrates. La propia Procuraduría General de la República (PGR) mandó investigar a fiscales debido a la violación del secreto de reuniones internas sobre investigaciones a altos dirigentes políticos y empresarios angoleños. E incluso estuvo bajo sospecha una red de conexiones peligrosas que incluía a inspectores de la Judiciária, algunos trabajando en el sector privado.

​Fue para intentar saber quién estaría en el origen de filtraciones de información quirúrgicas que el fiscal Orlando Figueira y el juez de instrucción Carlos Alexandre ordenaron registros en la entonces sede de la Unidad Nacional de Combate contra la Corrupción (UNCC) de la Policía Judicial (PJ). Era en este lugar donde trabajaba el equipo de inspectores que, en ese momento, todavía estaba investigando una denuncia del Estado angoleño sobre una presunta estafa de la que había sido objeto cuando intentó comprar el Banif.

​El Banif, cabe recordar, fue el primer banco portugués que la élite política y económica angoleña intentó controlar en los años 90 del siglo pasado. Pero el negocio, envuelto en total secreto, terminó saliendo bastante mal. La idea de Angola era invertir decenas de millones de euros, pero una presunta estafa los habría hecho desaparecer. Con el paso de los años, la aventura de la compra de casi la mitad del capital del Banif terminó transformándose en un asunto de Estado y dio origen a una inédita denuncia penal que el Estado angoleño, liderado por José Eduardo dos Santos, ordenó presentar en la Procuraduría General de la República (PGR), en Lisboa, en 2009, casi 10 años después del presunto delito. La denuncia apuntaba a un perjuicio de más de 170 millones de euros y, con el proceso abierto, el Ministerio Público (MP) portugués pasó a investigar también a altos cargos angoleños que habían sido indicados como testigos. Todo terminó en un apresurado acuerdo extrajudicial, también confidencial, negociado por los abogados de Angola y varios sospechosos portugueses, que obligó a que la investigación de la estafa fuera cerrada en 2011.

​Pero entre la denuncia, la apertura de la investigación y su cierre, pasó mucho.

​La operación de registro realizada en la PJ se verificó la mañana del 24 de febrero de 2010, cuando alrededor de las 10:30 el juez de instrucción entró por sorpresa en el degradado edificio de la Judiciária en la Rua Alexandre Herculano, en Lisboa. El objetivo principal de la incursión fue el centro de información de aquella unidad especializada en delitos económicos. Más concretamente: quién tenía acceso al sistema informático donde se había registrado la investigación del proceso Banif con el nivel de acceso de seguridad máximo.

​En varios pisos del edificio trabajaba un equipo restringido de inspectores cuya función principal consistía en introducir en el sistema interno la información sobre todos los procesos en curso, un trabajo realizado obviamente de forma gradual y conforme iban avanzando las investigaciones. Después, esas informaciones pasaban definitivamente al Sistema Integrado de Información Criminal (SIIC). Entre los datos que eran entonces transcritos por los inspectores, era habitual especificar el tipo de denuncia, un resumen de su contenido, los nombres y contactos de los imputados o sospechosos, las fechas de los interrogatorios y de las declaraciones de los testigos, la identidad de las sociedades involucradas en los negocios participados y otras diligencias relevantes en la historia de los procesos.

​La ejecución de la operación de registro de ese día de 2010 correspondió a un equipo de cerca de 10 investigadores comandado por el inspector jefe Rogério Bravo, especializado en criminalidad informática y que años más tarde se haría conocido por liderar la operación que llevó a la detención en Hungría del pirata informático Rui Pinto. Acompañando la incursión judicial en la sede de la UNCC, estuvo también José Braz, el máximo responsable de la Dirección de Lisboa de la PJ, el sector donde se había abierto el 27 de noviembre de 2009 el nuevo proceso, el llamado caso Banif II, esta vez sin estafas internacionales de por medio, sino solo destinado a intentar atrapar a los "topos" que en la PJ habrían copiado informaciones confidenciales del sistema interno de aquella policía sobre la investigación del rocambolesco intento de adquisición angoleña del banco portugués fundado por Horácio Roque.

​La sospecha de violación del secreto interno de la investigación había surgido casi por casualidad un mes antes, el 23 de octubre de 2009, cuando aún se estaban llevando a cabo las complejas negociaciones de bastidores entre Angola y algunos de los sospechosos para llegar a un acuerdo que también frenara la investigación de la presunta estafa. Ese día, una operación sorpresa de la PJ de Aveiro reveló que algo muy grave podría estar pasando, pues se encontraron cinco páginas con datos confidenciales de la investigación al Banif. Incautación de aquellos documentos —y de una carta anónima que aseguraba que José Sócrates estaba bajo escucha telefónica (no lo estaba, pero había gente muy cercana a él bajo interceptación del Ministerio Público de Aveiro)— ocurrió en el Taguspark, en Oeiras, en la sede del Millennium BCP. Estaba todo en el escritorio de un administrador del banco, Armando Vara, que era uno de los confidentes del entonces primer ministro y también uno de los objetivos principales de un nuevo caso que se anunció con estruendo al país, el proceso Face Oculta.

​Esto sucedió años antes de que Vara y Sócrates fueran detenidos en la operación Marquês por sospechas de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales, habiendo sido pillados accidentalmente en conversaciones indiscretas por teléfono grabadas por los investigadores en aquel proceso iniciado en 2008 en la Comarca de Baixo Vouga, en Aveiro. En las escuchas, Vara llegaba a discutir con Sócrates, pero también lo trataba de “gran jefe”, un nivel de informalidad solo al alcance de quienes se habían conocido a finales de la década de 1980, cuando los dos eran jóvenes estrellas en ascenso en el aparato del PS.

​Las conversaciones indiscretas escuchadas a Armando Vara

​Mucho antes de las 2.871 páginas de la primera sentencia del proceso Face Oculta (leída en el tribunal el 5 de septiembre de 2014), que condenó a Armando Vara a cinco años de prisión por hacer un pactum sceleris (pacto criminal) con el chatarrero Manuel Godinho, hacía mucho tiempo que Vara había saltado de la política activa y consolidado sus contactos con la élite económica y financiera nacional. Primero, por nombramiento de Sócrates para la administración de la Caixa Geral de Depósitos liderada por el también socialista Carlos Santos Ferreira, quien le asignó en el poderoso banco público la coordinación de las cuentas de grandes clientes como EDP, PT, PT Multimédia, BCP y Cimpor. Y también el sector de seguridad del banco.

​Cuando después Santos Ferreira salió de la CGD, a principios de 2008, para liderar el Millennium BCP, se llevó también a Armando Vara a la vicepresidencia. Su nueva misión consistía en encargarse de los negocios nacionales y de los clientes de Mozambique y Angola —Vara se quedó también con la presidencia del Millennium Angola. Por eso, cuando los investigadores del caso Face Oculta pusieron bajo escucha telefónica a Armando Vara, fue solo cuestión de tiempo que surgieran muchas conversaciones indiscretas, por ejemplo, con José Sócrates.

​Armando Vara y Carlos Santos Ferreira

​Para el experimentado coordinador de la PJ, Teófilo Santiago, y para el fiscal João Marques Vidal (hermano de Joana Marques Vidal, posteriormente Procuradora General de la República entre 2012 y 2018), del MP de Aveiro, estas conversaciones grabadas con el primer ministro indiciaban la práctica de varios tipos de delitos. La primera sospecha fue la más grave: atentado al Estado de derecho. Hasta el día de hoy, no se ha divulgado el contenido exacto de las conversaciones que el MP y la PJ decían que incluían un presunto plan de José Sócrates para controlar, con la ayuda de PT, CGD y Millennium BCP, parte de los medios de comunicación portugueses, concretamente órganos de información que el primer ministro consideraba que le eran adversos, como la TVI y los periódicos Sol, Público y Correio da Manhã. Según la teoría de los investigadores de Aveiro, uno de los aliados de Sócrates en este plan era precisamente Armando Vara, quien en realidad ayudaba a controlar el mayor banco privado portugués y fue grabado diciendo que se podía estrangular financieramente a dichos medios.

​El fiscal Marques Vidal comenzó por remitir el material de las escuchas al fiscal general del distrito de Coímbra, Braga Themido, quien lo hizo llegar al Procurador General de la República, Fernando Pinto Monteiro. Este lo analizó, lo consideró poco o nada relevante en términos penales, pero lo envió al presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) con el fin de verificar su legalidad. El juez consejero Noronha do Nascimento terminó decidiendo su destrucción, considerando que las conversaciones telefónicas habían sido obtenidas de forma ilegítima. ¿La justificación? No se podía legalmente “escuchar”, ni siquiera de forma indirecta o accidental, a un primer ministro sin la autorización previa del presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

​Independientemente de este nudo jurídico, los hechos penales de los casos Face Oculta/Atentado al Estado de derecho y la estafa al Banif eran muy diferentes, pero surgieron dos enlaces improbables que los unían: varias conversaciones de voz y SMS sobre el banco Banif fueron grabadas desde los teléfonos de Armando Vara (con Sócrates, el banquero luso-angoleño Carlos Silva y otros) y luego surgieron los ya citados documentos sospechosos encontrados en la oficina del administrador del Millennium BCP. En el caso de este último hallazgo, y dada la organización y el formato de los datos, los investigadores de la PJ sospecharon de inmediato que era probable que las informaciones hubieran sido copiadas del propio sistema informático de aquella policía.

​Desde allí hasta llegar a la sede de la Unidad Nacional de Combate contra la Corrupción (UNCC), donde se desarrollaba la investigación de la estafa al Banif, fue un paso rápido. Cuando realizaron los registros algunos meses después, el inspector jefe Rogério Bravo, el fiscal Orlando Figueira (el magistrado sería detenido años después en la operación Fizz, siendo condenado por corrupción) y el juez de instrucción Carlos Alexandre se concentraron en los pisos 4.º, 5.º y 6.º para intentar descubrir al autor de la filtración de información que había permitido a Vara recibir los documentos confidenciales —en ese momento, al menos, 15 elementos de la PJ tenían acceso al Sistema de la Unidad de Información de Investigación Criminal.

​La red de conexiones y el topo en la Judiciária

​La operación en la sede del combate al delito económico de la Judiciária, que solo terminó a las 21:00 del 24 de febrero de 2010, tuvo después una segunda investida al lugar, el 11 de marzo. La identificación del rastro informático permitió confirmar que a un contenido idéntico al de los documentos encontrados en posesión de Armando Vara se había accedido y copiado en dos ocasiones cuando la investigación del caso Banif aún estaba en la fase inicial. El acceso ocurrió alrededor de la hora del almuerzo, el 28 de enero y el 12 de mayo de 2009. El origen: un ordenador de la Judiciária. El presunto topo había usado la identidad “MSANTOS” para entrar al proceso y copiar a un archivo Word las informaciones confidenciales del caso Banif que estaban en el sistema informático interno. Un comportamiento tanto más sospechoso porque la inspectora que aparentemente lo había hecho, a la fecha de los hechos, estaba trabajando en exclusiva en la introducción de datos sobre investigaciones de las áreas de “moneda falsa” y de “tarjetas bancarias”.

​El episodio fue solo un dato más de que algo muy grave se estaría pasando en términos de seguridad y los investigadores de Face Oculta hacía mucho tiempo que tenían esa percepción antes de avanzar con los registros a Armando Vara. El 1 de julio de 2009, a las 15:33, el chatarrero Manuel Godinho había llamado a Armando Vara y a los inspectores de la PJ de Aveiro les extrañó no conocer uno de los números de teléfono móvil cuando reconocieron a Vara por la voz y por el tipo de conversación. Hasta entonces los contactos con Godinho se hacían a otro teléfono móvil de Armando Vara, ese sí bajo escucha telefónica. Ese día, “por coincidencia”, según quedó registrado años después, en noviembre de 2011, en el auto de procesamiento del juez Carlos Alexandre, Vara y Godinho acordaron de sorpresa un encuentro en la sede de Oporto del BCP. A partir de ese día, los contactos entre los dos dejaron de verificarse en el teléfono móvil de Armando Vara que estaba bajo escucha, “a pesar de que el número continuaba siendo utilizado por este en otras comunicaciones”, especificó el juez.

​El cambio de teléfono móvil se extendió también al empresario de chatarra. “En vista de la relevancia que le atribuía y con el fin de asegurar garantías añadidas de secreto y confidencialidad, Manuel Godinho adquirió y reservó el teléfono con el n.º 91... esencialmente para los contactos por esta vía establecidos con Armando Vara”, concluyó el juez en el auto que envió a juicio al exadministrador del BCP procesado por tres delitos de tráfico de influencias.

​Unos días después de aquel súbito cambio en los contactos, el 7 de julio de 2009, la PJ sumó al proceso una información de servicio que sugería que la presunta filtración de informaciones del proceso se extendía a varios objetivos: “Resulta de las interceptaciones de las comunicaciones de y para los teléfonos móviles utilizados por los sospechosos Manuel Godinho, Armando Vara y Paulo Penedos que, al menos desde el 29 de junio, aquellos asumieron como fuertemente probable, si no seguro, que los teléfonos móviles utilizados por ellos, o al menos algunos de ellos, estarían interceptados”.

​La sospecha de haber existido un aviso certero, precisamente en la fase que involucraba la sospecha de la intervención del Gobierno en la polémica compra de TVI por parte de PT/Taguspark, dio origen a una investigación abierta el 15 de julio de 2009 por el MP de Coímbra. La investigación quedó en manos del fiscal José Luís Trindade, quien durante largos meses realizó sucesivos interrogatorios en una investigación que parecía condenada al fracaso desde el principio. Pero mientras no se verificó el archivo, el fiscal de Aveiro João Marques Vidal estuvo de acuerdo con la Judiciária y decidió mandar retirar varios testimonios del caso Face Oculta para investigaciones autónomas.

​Una de ellas fue también justificada por el contenido de seis conversaciones telefónicas iniciales grabadas al objetivo 40037M (Armando Vara) y por un conjunto de noticias publicadas. El magistrado del MP justificó así la decisión: “Algunas de las conversaciones interceptadas, más concretamente las correspondientes a los productos abajo indicados, se reportarán a un presunto caso 'Banif vs. Gobierno Angoleño', que involucrará un monto por el valor de 104 millones, situación que ya será del conocimiento de la Procuraduría General de la República, que estará desarrollando diligencias”.

​En las semanas siguientes a los registros e incautación a Armando Vara de los documentos sobre la estafa del Banif, los CD con tales conversaciones grabadas (más tarde se identificaron otras grabaciones, un total de “14 productos”) fueron entregados en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal por inspectores que vinieron de Aveiro a Lisboa solo con ese propósito. Una copia de la agenda personal de Vara también fue dejada allí, junto con los registros de SMS intercambiados entre el gestor y otro hombre poco o nada conocido por la generalidad de los portugueses, José Manuel Grácio. Se trataba de un amigo de Vara, un empresario y consultor que tenía otras particularidades: había estado casado con Maria Teresa Cunha, la exesposa de José Braga Gonçalves (el principal condenado en el caso de la célebre estafa a la Universidade Moderna), quien después de divorciarse de Grácio pasó a ser la compañera del abogado Francisco Cruz Martins, precisamente uno de los principales sospechosos de la presunta estafa al Banif.

​El empresario José Manuel Grácio tenía además otras conexiones: era alguien que se relacionaba desde hacía varios años con inspectores de la PJ y con magistrados judiciales y del MP, sobre todo desde que colaboró en la investigación criminal del caso Moderna. A los amigos les presumía a menudo de las relaciones que tendría con jueces, como Gabriel Catarino (exdirector del Servicio de Extranjeros y Fronteras y después consejero en el Supremo Tribunal de Justicia), y fiscales, como Rosário Teixeira y Manuel das Dores, siendo este último el titular del proceso Moderna que vendría después a usar una licencia sin sueldo de larga duración para trabajar en el sector privado, por ejemplo, en los CTT.

​Grácio también decía a amigos y conocidos que era muy cercano a Maria José Morgado, la entonces directora del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa y excoordinadora de delitos contra la corrupción de la PJ, y a investigadores de la Judiciária, como Carlos Cabreiro (el actual director de la PJ), Abel Monteiro, Manuel Carvalho, Carlos Elias, Joaquim Pereira, António Martins, Eurico Pires, António Carvalho, Gonçalves Pica y Sérgio Bagulho. En representación de dos de sus empresas, incluso había firmado pocos años antes un protocolo con la Asociación Sindical de los Funcionarios de Investigación Criminal (ASFIC), la asociación que representaba entonces a todos los inspectores de la PJ.

​Esta red de relaciones, o parte de ella, no solo era pregonada. Cuando Grácio se casó en 2003 con la antigua esposa de Braga Gonçalves, invitó a algunos de estos amigos que tenía en la Judiciária, en el MP, en la magistratura judicial y en la política. Al contrario del fiscal Rosário Teixeira, quien rechazó la invitación, otros estuvieron realmente en la ceremonia realizada en el salón noble del lujoso Caesar Park Hotel, en la Quinta da Penha Longa, en Sintra —por ejemplo, Armando Vara, Maria José Morgado, Gonçalves Pica y su entonces esposa Célia, y el inspector Sérgio Bagulho y su compañera Maria José. Esta última era la titular del usuario “MSANTOS”, que había accedido en la Unidad Nacional de Combate contra la Corrupción al proceso Banif.

​Vara, el pivote de los intereses angoleños

​Pocos meses después de los registros a la PJ, en junio de 2010, la inspectora Maria José Bagulho fue constituida como imputada en la investigación (en noviembre de 2011, terminó siendo la única acusada de delitos de violación de secreto de funcionario y de acceso ilegítimo) y la dirección de la Judiciária liderada por Almeida Rodrigues ordenó que fuera transferida de inmediato a funciones administrativas en la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes (UNCTE).

​Estratégicamente, en el DCIAP, el caso de la filtración de información se mantuvo siempre en manos del fiscal (y de una colega, Carla Dias, que años antes había participado en la investigación del negocio de los submarinos) que trataba la denuncia de estafa en el Banif, Orlando Figueira, pero se desarrolló en un proceso autónomo. Y sería en esta investigación donde el MP pasaría a investigar las grabaciones de escuchas telefónicas con origen en la Judiciária de Aveiro, las verificadas con Sócrates y un conjunto de conversaciones cortas entre Armando Vara y el ya citado banquero Carlos da Silva, ocurridas en la fase crítica de la investigación del caso Banif.

​El caso de la filtración de información se estaba volviendo cada vez más intrincado y complejo. El primero de estos contactos telefónicos sospechosos entre Armando Vara y Carlos Silva ocurrió el día 15 de septiembre de 2009: fue una llamada telefónica de tres minutos y medio en la que los dos hombres se trataron de tú y hablaron de un encuentro ocurrido el día anterior entre Vara y alguien que nunca fue mencionado por su nombre al teléfono. Es decir, el entonces administrador del BCP había hablado del caso Banif con un personaje misterioso para percibir si había “apertura”. De forma enigmática, así fue como le resumió a Carlos da Silva el resultado del encuentro: “Fue buena la conversación y él dijo que le habían hecho el año pasado una propuesta y que él la rechazó”.

​Después, Vara destacó también al banquero luso-angoleño que el interlocutor en el encuentro se había quejado de que lo “estaban intentando involucrar en un asunto” que le era ajeno. Tras darse cuenta de que Carlos da Silva se estaba desilusionando con el relato, Vara señaló que aún no había hecho todo lo que podía, pues se había limitado a ir “regando la conversación”, a “escuchar solamente”, y a no preguntar prácticamente nada. Pero señaló que podría adoptar otra actitud en un almuerzo que tenía programado, para dos días después, con otra persona. “Todo está marchando”, dijo confiado Armando Vara.

​Al final, los dos hombres acordaron hablar personalmente esa misma noche. El encuentro quedó programado para después de las 23:00, porque Carlos da Silva iría a cenar al restaurante Bica do Sapato con Aguinaldo Jaime, un familiar del entonces presidente angoleño José Eduardo dos Santos que tenía en su currículum innumerables cargos de confianza del Estado angoleño. Ya había sido ministro de Finanzas angoleño (1990/92), presidente del Banco Angolano de Investimento (1995/97), gobernador del Banco Nacional de Angola (1998/2002) y viceprimer ministro con responsabilidades en la política monetaria, fiscal e inversión pública, entre 2002/07. En 2009, Aguinaldo continuaba con mucho poder: presidía la Agencia de Inversión Privada de Angola.

​Al día siguiente, 16 de septiembre de 2009, a las 10:00 de la mañana, la PJ de Aveiro grabó otra pequeña conversación entre Armando Vara y Carlos da Silva sobre el caso Banif. La conversación duró apenas un minuto y el diálogo continuó siendo algo cifrado. El banquero le dijo a Vara que “M, Manuel” había conseguido “frenar” algo “hasta el 7 de octubre para no perturbar aquí los procesos electorales”, refiriéndose a las elecciones legislativas que se realizaron 11 días después de la conversación telefónica, el 27 de septiembre (el PS liderado por José Sócrates terminaría ganándolas, pero perdería la mayoría absoluta). Y añadió: “Los hombres que debían embarcar hoy, nadie vino. El hombre de aquí, al que el fiscal estaba esperando para las reuniones, quedó todo aplazado para el 7 de octubre. En ese período, hay una orden para que consigamos encontrar una solución. Luego vamos a ver”.

​Era cada vez más obvio que la investigación portuguesa de la estafa con las acciones del Banif se estaba haciendo entonces en sintonía con los intereses de Angola. Al inicio del verano de 2009, los angoleños habían presentado al MP a seis testigos que decían ser fundamentales para esclarecer toda la verdad del esquema. Y el vuelco en la investigación aún no se había dado (solo después varios angoleños pasaron a ser sospechosos), y tres de los nuevos testigos ya habían sido interrogados en julio, primero por la PJ y luego por el juez Carlos Alexandre. El resto de las audiencias había quedado programado para septiembre, a partir del día 16, precisamente la fecha en que fue grabada la llamada telefónica entre Armando Vara y Carlos da Silva.

​Un contacto que representó una jugada de bastidores más en el caso Banif, esta vez para no entorpecer la disputa electoral de José Sócrates y del PS. Esto se entiende mejor cuando se cruza esta llamada telefónica con lo que hizo el abogado Paulo Blanco (el representante de Angola en el proceso Banif) el día anterior, 15 de septiembre, cuando escribió al Departamento Central de Investigación y Acción Penal para informar que José Leitão, Joaquim David y el propio banquero Carlos da Silva, “lamentablemente, por razones de peso de última hora”, se habían visto “imposibilitados de viajar de Luanda a Lisboa para el cumplimiento de las diligencias procesales programadas para los días 21 y 22 del corriente”, es decir, las audiencias estaban previstas para menos de una semana antes de las elecciones legislativas en Portugal.

​El abogado sugirió entonces al MP nuevas fechas, “en los primeros días de octubre”, pero dejó abierto que no sabía cuándo se harían, “concretamente”, las audiencias de los altos responsables angoleños, justificando que todo dependería de la reserva de los vuelos y del alojamiento de los tres testigos. Pocos días después, Paulo Blanco volvió a contactar al fiscal Orlando Figueira para informarle que los testigos estarían en Lisboa solo el 13 y 14 de octubre de 2009, pocos días después de las elecciones municipales que ocurrieron el día 11. Exactamente como parecía haber sido acordado por teléfono entre Carlos da Silva y Armando Vara.

​La puesta en escena fue pillada de forma accidental en las escuchas telefónicas montadas en el marco del caso Face Oculta. De hecho, los días 16 y 17 de septiembre de 2009, la PJ de Aveiro grabó también dos llamadas telefónicas y dos SMS entre Armando Vara y Carlos da Silva, que prueban que el banquero ya estaba en Portugal, y eso ni siquiera era un gran secreto. En uno de los contactos, Vara le preguntó si el evento donde iban a estar los dos esa noche comenzaba a las 18:00 y Carlos destacó que era a las 18:30, pero que convenía que el amigo llegara por allí alrededor de las 18:15 para poder hablar, y añadió que también estaría allí “Manuel y unos amigos”.

​Armando Vara y Carlos da Silva se encontraron esa noche, en la ceremonia que marcó la instalación oficial en Portugal del Banco Privado Atlântico Europa (BPAE), presidido por Carlos da Silva, un evento en el que estuvo “Manuel”, en realidad, Manuel Vicente, el hombre que dirigía Sonangol (la empresa era uno de los principales accionistas del BPAE, con el 20% del capital) y que no era simplemente un poderoso gestor angoleño más. Vicente tenía conexiones con las élites políticas y financieras portuguesas, pues representaba (o vendría a representar) los intereses de Sonangol como vocal del Consejo General y de Supervisión del Millennium BCP y en el Consejo de Administración de Galp Energia. En Angola, pertenecía al buró político del MPLA, el partido del poder, integraba la Fundación José Eduardo dos Santos, presidía Unitel (la operadora de telecomunicaciones controlada por Isabel dos Santos y por el general Leopoldino Nascimento) y era vicepresidente del Banco Angolano de Investimento (BAI).

​Cuando las escuchas de Sócrates desaparecieron en el DCIAP

​Los meses pasaron y los principales litigantes hicieron un acuerdo secreto que llevó al archivo de la presunta estafa del proceso Banif. Pero el fiscal Orlando Figueira no se olvidó del caso de la filtración de información hacia Armando Vara y de las polémicas conversaciones del antiguo político, inclusive con José Sócrates, que habían sido grabadas por los investigadores del proceso Face Oculta. Sin embargo, en abril de 2010, el juez de la Comarca de Baixo Vouga, António Gomes, informó al DCIAP de que tenía que recoger “los CD”, refiriéndose a las escuchas de las conversaciones grabadas entre Vara y Sócrates. El juez de Aveiro estaba cumpliendo las órdenes del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Noronha do Nascimento, quien había ordenado por segunda vez, en noviembre del año anterior, la destrucción de “todos los productos en los que intervino el señor primer ministro” en el proceso Face Oculta. Escuchas que ya estaban repartidas por varios procesos y departamentos del Ministerio Público.

​Una semana después, aún en ese mes de abril, Orlando Figueira respondió de forma un tanto insólita al juez de Aveiro diciendo que en los autos del caso de la filtración de información no se habían “adjuntado soportes algunos —CD y resúmenes” de conversaciones con José Sócrates. Después, a principios de mayo, mandó una nueva información escrita al juez para corregir: había realmente escuchas de Sócrates, que por “descuido” habían sido incluidas en la investigación de la estafa con las acciones del Banif. Y si esa confusión entre los dos procesos Banif hasta podría ser natural, ya resulta extraño que en ninguno de los dos expedientes haya quedado información alguna sobre la incorporación inicial de esas escuchas de conversaciones en las que Sócrates y Vara hablaron del caso Banif.

​Lo que Orlando Figueira tampoco registró en el historial de los dos procesos Banif, ni reveló al juez de Aveiro, fue que, en el DCIAP, los CD con las escuchas (Vara, Sócrates, Carlos Silva y otros) desaparecieron durante al menos dos semanas. La directora del departamento, Cândida Almeida, fue quien recibió inicialmente aquel material confidencial y polémico, habiendo accedido a su contenido y remitiéndolo después a Orlando Figueira. En las semanas siguientes, el fiscal mantuvo siempre los discos en la oficina que ocupaba en el 8.º piso de la sede del departamento, guardando las escuchas en un viejo armario de metal que usaba también para colocar los procesos más recientes.

​Cuando, posteriormente, la directora le volvió a pedir las escuchas debido a la solicitud del MP de Aveiro, Figueira revolvió todo el armario y no las encontró. Habló con el técnico de justicia adjunto que trabajaba directamente con él, pero João Marques tampoco las encontró. Preocupado, informó a Cândida Almeida sobre la desaparición. El enigma solo quedó resuelto en parte más de dos semanas después, un lunes, cuando la directora llamó al fiscal y le dijo que durante el fin de semana anterior, y junto con la secretaria Joaquina y la jefa de la secretaría Cristina Silva, habían estado en las instalaciones del DCIAP buscando los CD con las escuchas de las conversaciones entre Vara, Sócrates y otros. Y que las habían encontrado precisamente en el armario del fiscal. Figueira todavía argumentó que tal cosa no era posible, pues él mismo había revisado el armario de punta a punta sin ver ningún CD. Cândida insistió en que las había encontrado allí, detrás de una lata de una bebida energética de la marca Isostar.

​Con o sin escuchas telefónicas, la investigación de las filtraciones de información avanzó y Armando Vara también fue constituido como imputado en este proceso. En el interrogatorio, aseguró que le habían dejado esos datos sobre la investigación de la estafa con las acciones del banco de Horácio Roque, “uno o dos meses antes del registro” del caso Face Oculta, en un sobre, y de forma anónima, en la recepción del Millennium BCP diciendo que estaba destinado a él. Vara aseguró también que restó importancia al contenido de las informaciones de los documentos, afirmando que “no tenía ninguna relevancia personal o profesional” para sí. Hasta el final de la investigación, el MP no consiguió contradecir este testimonio, pero eso no impidió que los fiscales Orlando Figueira y Carla Dias dejaran asentado en el auto final del proceso, el 22 de noviembre de 2011, que la “versión” de Armando Vara no les merecía “credibilidad alguna”.

​Quien no escapó a la acusación fue la inspectora Maria José Bagulho. En el interrogatorio, Armando Vara aseguró que no la conocía, pero destacó que sabía quién era el esposo, el inspector Sérgio Bagulho. Dijo que lo había conocido en 2008, cuando un equipo de la Judiciária (compuesto también por el inspector jefe Manuel Carvalho y el inspector Abel Monteiro) le había pedido que agilizara en el BCP el acceso a datos bancarios para una investigación en curso. Pero juró que nunca había pedido a Bagulho, ni a ningún otro elemento de la PJ, ningún tipo de información sobre procesos.

​El inspector Bagulho era un operativo de la Judiciária proveniente de la investigación de delitos económicos y que también había trabajado en la unidad de información del Combate contra la Corrupción, antes de que su esposa fuera colocada allí a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV) que le provocó varias otras complicaciones de salud, como desmayos y epilepsia. Bagulho inició su carrera en la Judiciária en 1997, donde investigó el caso Moderna, y luego integró varios equipos especiales encargados de casos mediáticos, como la segunda fase de Apito Dourado que apuntó a Pinto da Costa y al FC Oporto, o los procesos por sospechas de corrupción que resultaron de la auditoría, en 2008, a los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Lisboa.

​Solo que meses antes del registro de 2009 a Armando Vara, el inspector había optado por trabajar en el sector privado tras pedir en la PJ una licencia sin sueldo de larga duración. El 26 de febrero de 2009, comenzó a ejercer las funciones de director de seguridad de Groundforce. ¿El sueldo? Cerca de tres mil euros líquidos mensuales. El ingreso a la empresa de handling se consiguió, lógicamente, debido al currículum del inspector, pero con la valiosa recomendación hecha a la administración de la empresa por otro inspector, Gonçalves Pica, quien también había optado por el sector privado y había conseguido ese empleo con la ayuda de José Grácio, el mencionado amigo de Armando Vara que conocía a mucha gente en la PJ y en la magistratura judicial y del MP.

​Resumiendo: Bagulho había sustituido a Pica en Groundforce cuando este último consiguió un empleo mejor, en marzo de 2009, y pasó a desempeñar las funciones de subdirector de Seguridad de la Caixa Geral de Depósitos, el banco público que Vara había administrado entre 2005 y 2008 (una de sus áreas fue la Oficina de Prevención y Seguridad) y donde continuaba manteniendo influencia debido, entre otras cosas, a la cercanía con el primer ministro José Sócrates. Durante los registros del caso Face Oculta y cuando ya estaba en el BCP, los investigadores se dieron cuenta de que Armando Vara compartía la casa donde vivía con el entonces vicepresidente de la CGD, Francisco Bandeira.

​Y todo terminó como se preveía: archivado

​En la investigación de la filtración de información del caso Banif, en ningún momento se llegó a pruebas de que los documentos encontrados en posesión de Armando Vara estuvieran relacionados con los movimientos del empresario José Manuel Grácio y de los inspectores Bagulho y Pica. Pero fueron estas relaciones personales y profesionales, y su secuencia temporal (inclusive en otro proceso en el que Pica casi fue detenido por colegas de la Unidad Nacional de Combate contra la Corrupción tras acordar un encuentro con Grácio, que al final no se verificó, pero en el que los inspectores sospecharon que el empresario podría estar intentando recopilar información sobre una investigación en curso), las que sirvieron de justificación para que los fiscales Orlando Figueira y Carla Dias pidieran al juez Carlos Alexandre el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones de cuatro sospechosos.

​El juez estuvo de acuerdo y se envió a las operadoras la orden judicial que las obligaba a remitir al Ministerio Público el “listado de las llamadas telefónicas efectuadas y recibidas, incluyendo SMS, MMS y datos de fax, hora y duración de las comunicaciones”, entre el 1 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. Los números de los teléfonos móviles se repartían entre los siguientes objetivos: tres estaban asociados a Vara; cuatro a Grácio; uno a Pica; y otro a Bagulho.

​La solicitud autorizada por el juez de instrucción se envió solo a finales de mayo de 2011 y tres meses después de que la PJ insistiera en que ya todo estaba hecho en el proceso de la filtración de información del Banif, dejando fuera eventuales conexiones con otros inspectores además de Maria José Bagulho. El fiscal Orlando Figueira no estuvo de acuerdo y escribió que no se “mostraban agotadas todas las diligencias de investigación”. Figueira quería saber, por ejemplo, en qué circunstancias había sido contratado Sérgio Bagulho por Groundforce, algo que la PJ se mostraba bastante renuente a investigar.

​El inspector jefe Rogério Bravo tuvo entonces que interrogar al administrador de la empresa, Fernando Melo, pero en ningún momento le preguntó siquiera quién era el anterior jefe de seguridad de la empresa y si había sido Gonçalves Pica quien aconsejó la contratación de Bagulho. Tras leer el testimonio, el fiscal Figueira quedó visiblemente molesto con el resultado y decidió avocar el proceso con una justificación irónica: escribió que lo hacía por saber que la Judiciária se encontraba “abarrotada de trabajo”. Y repitió aquel interrogatorio, obteniendo del administrador de Groundforce la respuesta de que Pica efectivamente había aconsejado la contratación de Bagulho.

​Pero esta línea de la investigación no avanzó mucho más en el proceso, debido a que en el verano de 2011 las operadoras telefónicas informaron que no tenían forma de enviar los datos de tráfico telefónico solicitados por el Tribunal Central de Instrucción Criminal. Vodafone dijo que solo guardaba los datos de los clientes de los últimos seis meses y TMN (después Meo/Altice) señaló que conservaba los datos durante cerca de un año. El retraso en la solicitud de los datos terminó siendo fatal para que el MP consiguiera acceder a un tipo de información que le permitiría cruzar los contactos telefónicos y entender definitivamente si había o no razones para continuar sospechando que las filtraciones de información de la PJ tenían algún tipo de relación con aquellas aparentes relaciones de amistad y de empleos conseguidos en el sector privado.

​Nada de eso quedó comprobado. Años después, el 4 de febrero de 2014, incluso la acusación contra Maria José Bagulho se vino abajo en el juicio. Tras escuchar a la acusada (Maria José se declaró siempre inocente), a su esposo Sérgio Bagulho y a varios inspectores que trabajaban con la inspectora en la unidad de información de la Judiciária, la jueza Sofia Sousa Abreu tomó la decisión de absolverla. En la sentencia, la magistrada judicial destacó que el nivel de seguridad 4 asignado a Maria José le permitía acceder a todo tipo de información en el sistema, incluso a las Aperturas de Investigaciones (AI). Sin embargo, con base en los testimonios que escuchó, la jueza consideró que era habitual que, en el trabajo diario, los inspectores accedieran a informaciones fuera de las áreas que les estaban formalmente asignadas. Todo dependía de las solicitudes que les llegaban de colegas, porque el trabajo siempre tenía que hacerse independientemente de quién estuviera o no trabajando en la unidad de información.

​Además, la jueza remarcó que no había siquiera un registro formal de las solicitudes de acceso (y de sus respectivas justificaciones) a los datos del sistema interno de la PJ, notando que este procedimiento era, como mínimo, extraño teniendo en cuenta la naturaleza confidencial de los datos en cuestión y la seguridad que un sistema de ese tipo debía exigir. Finalmente, el tribunal constató que otros cuatro colegas de Maria José Bagulho también habían accedido a informaciones del caso Banif antes de que el documento hubiera sido encontrado en posesión de Armando Vara. “Lo que se lamenta es que solo los accesos de la acusada hayan sido averiguados en detalle en lo que respecta a la consulta (…) efectuada y no todos los demás”, criticó la jueza en la sentencia, destacando que la inspectora había admitido en el juicio, de “forma muy sincera y honesta”, que podría haber elaborado un documento Word sobre el caso Banif, pero que no se acordaba de él, “dada la cantidad de informaciones que le eran y son diariamente solicitadas en la unidad de información de la Policía Judiciária”.

​Cuando este episodio quedó cerrado, Armando Vara ya había desaparecido hacía algún tiempo de la primera división de la política y de la finanza nacional. La suspensión de funciones ocurrió en noviembre de 2009 y el alejamiento definitivo del BCP en junio de 2010, con Vara recaudando una indemnización por los salarios que dejó de percibir hasta el final de su mandato como administrador del banco. En 2010, recibió cerca de 822 mil euros. En el informe de gobierno corporativo de ese año del banco para la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), el BCP subrayó que el contrato de rescisión del vínculo del administrador había sido celebrado “exclusivamente en el interés de la sociedad y protección de la imagen del banco”.

​Tras su salida, Armando Vara terminó volviendo a lo que mejor sabía hacer: ser lobbista. Pasó a ser visto en una oficina en el edificio de una sociedad de abogados instalada discretamente en una villa de color rosa. El edificio del 30A de la Rua Dom João V, junto a las Amoreiras, no tenía siquiera página web o una placa junto a la entrada como es común en cualquier oficina de abogados. Transformado a partir de 2011 en Lamego, Horta & Associados, el lugar era desde hacía tiempo un viejo feudo socialista de procesos y negocios, donde llegaron a estar los hermanos António y José Lamego (este último exdiplomático y exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación), Alberto Costa (exministro de Administración Interna) y António Vitorino. Otro elemento registrado en la Orden de Abogados como teniendo oficina allí (al menos hasta 2018) era Francisco da Cruz Martins, uno de los sospechosos de haber estafado a Angola en el caso de las acciones del Banif, el primer banco que el Estado angoleño había intentado comprar en Portugal.

​Los bastidores del levantamiento del secreto de los procesos angoleños

​Con Portugal bajo la intervención de un rescate financiero internacional (2011/14), la inyección de dinero angoleño en la banca y en el resto de la economía no se compadecía con preguntas incómodas acerca de su origen y de la idoneidad de sus dueños. El problema es que mucha información financiera de altas figuras del régimen angoleño se había quedado en la investigación del proceso Banif, la cual después el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) usó informalmente para ayudar en las investigaciones de procesos que fueron surgiendo y que apuntaban a un sinfín de sospechas de lavado de dinero en Portugal por parte de altos cargos del régimen angoleño, inclusive de responsables utilizados para controlar algunos de los principales bancos portugueses.

​A causa de estas investigaciones del MP y de las sucesivas filtraciones de información, las relaciones diplomáticas entre ambos países llegaron a ser puestas en duda por Angola, sobre todo entre 2012/14. Y esta crisis política y diplomática afectó naturalmente a la justicia portuguesa, concretamente a través de varios episodios rocambolescos, como una reunión convocada de urgencia por teléfono el 7 de enero de 2013, en la oficina de la entonces procuradora general de la República, en el Palacio de Palmela, en Lisboa. En la tarde del día siguiente, la conversación entre Joana Marques Vidal, la directora del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, Cândida Almeida, y los fiscales Rosário Teixeira y Paulo Gonçalves, siendo estos últimos los dos principales investigadores de los casos angoleños, tuvo un único tema: las investigaciones del MP a empresarios y políticos angoleños.

​Cuando terminó la reunión, los fiscales quedaron encargados de enviar a Joana Marques Vidal “una relación completa de los procesos y procedimientos pendientes y que involucraran a personalidades angoleñas, con información de su objeto, identificación de los sospechosos y una nota resumida de lo que se había hecho y del estado actual de los mismos”. Conforme constató el inspector del MP que investigó después la filtración del secreto sobre la polémica reunión, el encuentro ni siquiera quedó registrado por la procuradora general “en soporte alguno, ya fuera digital o en papel”, pero Cândida Almeida lo anotó en su agenda personal tras recibir la llamada telefónica de Joana Marques Vidal convocándola al encuentro.

​Al fin y a la postre, esta era ya la segunda reunión sobre los procesos de Angola que la procuradora general exigía a Cândida Almeida y al fiscal Paulo Gonçalves —la primera había ocurrido en la segunda semana de diciembre de 2012, después de que una revista revelara que estaba en curso una investigación a movimientos financieros de “Tchizé” dos Santos, una de las hijas del entonces presidente de Angola. Otro dato que preocupó a Joana Marques Vidal fue el hecho de que el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) hubiera enviado una comisión rogatoria a Luanda para solicitar informaciones sobre 17 objetivos sospechosos de lavado de dinero. Muchos de ellos eran altas figuras del régimen político y financiero angoleño.

​En los dos encuentros confidenciales, la procuradora general dio a entender a sus colegas subordinados que estaba bastante molesta porque consideraba que no la estaban informando de lo que pasaba en los procesos angoleños cada vez más mediáticos. Desahogó incluso que, debido a las investigaciones judiciales en Portugal, las inversiones con origen en Angola se estaban desviando hacia otros países, concretamente hacia España. Pero dijo más. “Les refirió además la Sra. Procuradora General que tales procesos estaban creando algunos problemas diplomáticos con las autoridades angoleñas y que el embajador portugués se quejaba de algunas represalias de parte de estas autoridades que no lo invitaban a nada, reportando además que los portugueses que trabajaban en Angola y los empresarios estarían igualmente sujetos a represalias, por lo que sentía la necesidad de estar más informada sobre tales procesos”, declaró el fiscal Paulo Gonçalves cuando fue escuchado por el inspector del Consejo Superior del Ministerio Público, Gil Félix Almeida.

​Cândida Almeida añadió ante el mismo inspector que la procuradora general había dicho en la reunión que el embajador portugués en Luanda se había quejado de que, entre las diversas represalias que estaba sufriendo de parte de Angola, había dejado de ser invitado “a ceremonias y otros actos oficiales”. Por su parte, el fiscal Rosário Teixeira, en su declaración, consideró que no había sentido “ninguna presión ejercida para una atención particular a los procesos de Angola”, pero dijo que había anotado “la coincidencia de haber ingresado pocos días antes [de la última reunión] una solicitud de aceleración procesal presentada [por un abogado] en un proceso que estaba incluido en el tema de la misma reunión”.

​Lo que Rosário Teixeira no dijo al inspector fue que tuvo que recalcar a la procuradora general que el MP estaba cumpliendo la legislación nacional e internacional al investigar todas las sospechas de lavado de dinero y eventuales delitos de corrupción transnacional cometidos, por ejemplo, en el ámbito del comercio internacional o en la actividad privada. Joana Marques Vidal le dijo que iba a leer con atención las leyes y el fiscal insistió: “Solo estamos cumpliendo la ley”. Rosário aprovechó además para explicar a la máxima dirigente del MP lo que eran las alertas bancarias y las obligaciones de comunicación de las operaciones sospechosas por parte de los bancos, señalando que en Portugal ni siquiera estaban siendo tan rigurosos como en España. “Los españoles también tienen procesos contra ciudadanos angoleños. Hace poco recibimos una rogatoria de allá para interrogar a un sospecho”, reveló el fiscal antes de concluir con otro dato: “Incluso en Suiza les están cerrando cuentas en los bancos”.

​Interrogada por escrito por el inspector, Joana Marques Vidal confirmó las dos reuniones sobre los procesos de Angola y justificó que nada había quedado registrado en la agenda de la Procuraduría General de la República porque ese era el procedimiento que ya había usado en otra reunión con la directora del DCIAP y otros fiscales del departamento para la evaluación de procesos complejos pendientes. El caso de la investigación a la compra de dos submarinos alemanes fue el ejemplo que citó, pero Joana Marques Vidal remarcó que en ninguno de los casos habría pedido “copias de autos algunos”. Tampoco sería necesario, pues sobre las investigaciones a angoleños había exigido “un cuadro, organizado, de donde constaran todos los procedimientos y procesos relativos a Angola, y en el que se especificara el número del proceso, la fecha de ingreso, la identidad de los denunciantes y de los sospechosos o imputados y el estado de los autos”.

​Siempre según el inspector Gil Félix de Almeida, al día siguiente de la última reunión en la Procuraduría General, los dos fiscales remitieron las informaciones de los procesos angoleños a la directora del DCIAP, quien los envió de inmediato a Joana Marques Vidal en un informe confidencial con los resúmenes de los casos, que incluía realmente la identidad de angoleños que estaban siendo investigados en Portugal. En ese momento, se estaban recopilando en el DCIAP muchos datos de altos cargos del régimen angoleño, dentro de procesos penales y fuera de ellos, datos que solo fueron descubiertos años después de la salida de Cândida Almeida y cuando un equipo de inspectores del MP realizó, en 2014, una auditoría al departamento. Durante el trabajo de campo, los inspectores quedaron sorprendidos con el asombroso hallazgo que dejaron por escrito en el informe final: “[E]xiste una carpeta 'Angola' que la Sra. Cristina [jefa de la secretaría del DCIAP] asumió como dossier personal de la Dra. Cândida […] cuya existencia solo ella y la Dra. Cândida conocían”.

​El caso de la filtración de información de 2013 sobre las polémicas reuniones en la Procuraduría General relacionadas con los procesos angoleños terminó lógicamente archivado, pero las informaciones transmitidas por el DCIAP a Joana Marques Vidal revelaron un dato que no podía ser más claro: eran realmente muchos los objetivos angoleños (y portugueses) del MP y de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la PJ. Empezando por Isabel y Welwitschia “Tchizé” dos Santos, hijas del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, cuyos registros de patrimonio en Portugal (cuentas bancarias, acciones de empresas y bienes inmuebles y muebles) habían sido recopilados por los investigadores.

​En los últimos años, el MP estaba siguiendo innumerables transferencias bancarias sospechosas hacia Portugal y que usaban también al país como plataforma hacia otros destinos. Las sucesivas alertas bancarias, ocurridas con más frecuencia a partir de 2010, estaban dando origen a un número cada vez mayor de averiguaciones preventivas y de procesos administrativos, como llegó a suceder en el caso del propio procurador general de Angola, João Maria de Sousa, quien reaccionó de forma violenta cuando todo el caso se hizo público a través del periódico Expresso. El general se declaró vejado por la noticia y por la publicidad de la averiguación preventiva del MP. Esta fue la chispa decisiva para una hoguera de grandes dimensiones que ya se vislumbraba. La crisis diplomática se instaló y O Jornal de Angola, órgano oficial del Gobierno, publicó un editorial pautado por varias acusaciones: “Todos los inversores extranjeros son buenos para Portugal, menos los angoleños”; “No fue casual el ataque brutal que los servicios del Ministerio Público de Portugal hicieron contra el vicepresidente de Angola [Manuel Vicente estaba siendo investigado debido a la compra de apartamentos y también por deshacerse de acciones del banco BIG] y otros dirigentes angoleños”.

​Alineado con la estrategia de victimización colectiva, João Maria de Sousa defendió también a los “amigos” para quienes negociaba los honorarios a pagar por sus respectivas defensas en los procesos portugueses: “La Procuraduría General de la República de Angola protesta vehementemente contra la forma descarada y desvergonzada en que, sistemáticamente, en Portugal, se ha venido violando el secreto de sumario en los casos que se refieren a honrados ciudadanos que desempeñan altas funciones en el aparato del Estado Angoleño”.

​Presionado, el Gobierno portugués llegó a colocarse del lado de Angola, pues oficialmente calificó la filtración de información sobre el PGR angoleño como “muy grave” y “dirigida”, diciendo que podía “comprometer la confianza entre ambos sistemas judiciales”. El ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Portas, añadió que “el sistema judicial portugués no es el lugar adecuado para dirimir cuestiones internas de otros Estados”. Incluso el expresidente de la República Mário Soares salió a la palestra a pedir “respeto” por el procurador general de Angola, recordó que la inversión angoleña en Portugal era “útil, necesaria y bienvenida” y acusó a “ciertos artículos” periodísticos de ser “muy perjudiciales para ambos pueblos”.

​La investigación a João Maria de Sousa terminó archivada y el fiscal Rosário Teixeira nunca permitió la consulta externa de los datos para evaluar de forma externa qué lo había llevado a desconfiar de las operaciones financieras que involucraban a alguien que era al mismo tiempo (la ley angoleña no lo prohibía) general, socio o accionista de sociedades comerciales (incluyendo offshores), pivote para contratar y negociar con abogados portugueses los honorarios a pagar para la defensa de angoleños sospechosos en procesos penales y, además, procurador general de la República.

​"Lo que el ser humano siembra, eso cosecha" - Proverbio Judío.