La Policía registra ...por la venta de acedo a la ISRAELI IMI
La Policía registra Sidenor en el marco de una investigación judicial por la venta de acero a la israelí IMI
La Policía Nacional ha registrado la sede de la empresa metalúrgica Sidenor en Basauri, País Vasco, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional relacionada con la venta de acero a una compañía israelí vinculada a la fabricación de armas pesadas, IMI. La actuación se produce dentro de un procedimiento que investiga presuntos delitos de contrabando y posible complicidad en delitos de lesa humanidad, tras la prohibición aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez a las ventas a Israel.
Según informaron medios nacionales, el operativo policial se llevó a cabo para recabar documentación vinculada a la causa judicial, en la que el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, está siendo investigado. En este contexto, el directivo aseguró haber demostrado ante el tribunal que "Sidenor no había cometido ninguna irregularidad en las ventas de acero a Israel", señalando además que el material exportado no estaba sujeto a control administrativo especial.
Investigación bajo secreto de sumario
De acuerdo con información publicada por RTVE, el registro de las oficinas de la compañía se realizó por orden del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge y está vinculado a una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario. Las pesquisas se centran en la presunta venta ilegal de acero a la empresa Israel Military Industries (IMI), fabricante de armamento pesado y ligero.
Las fuentes policiales citadas por el medio público señalaron que el registro comenzó al mediodía y que la empresa colaboró con las autoridades. En ese sentido, Sidenor indicó que estaba "colaborando con las autoridades que se han personado en las instalaciones" con el objetivo de trasladarles "con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen".
El juez instructor ya interrogó en noviembre al presidente de Sidenor y a dos directivos en relación con la causa. La investigación trata de determinar si los responsables de la empresa incurrieron en delitos de contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad por haber vendido acero a IMI presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".
La causa judicial se inició a raíz de una querella presentada por la Asociación Comunidad Palestina de Cataluña-Tierra Santa, personada como acusación particular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Según la acusación, el último envío de acero se habría producido el 10 de junio de 2025, cuando Sidenor habría entregado 393 toneladas de material a través del puerto de Haifa. Asimismo, RTVE señala que la acusación sitúa el volumen total de envíos en 1.207 toneladas desde agosto de 2024.
Defensa de la legalidad de las operaciones comerciales
Jainaga defendió durante su declaración ante el juez que la empresa actuó conforme a la legislación vigente en el momento de las operaciones comerciales. El presidente de Sidenor afirmó que la venta de acero se realizó cuando no existía ninguna restricción comercial con Israel y añadió que la compañía suspendió las operaciones tras el embargo de armas aprobado por el Gobierno a finales de septiembre de 2025.
En su comparecencia ante la Audiencia Nacional, el directivo sostuvo que el acero exportado por la empresa vasca no figuraba entre los productos sometidos a controles especiales, reiterando que no existió "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel".
Las actuaciones judiciales, ordenadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1, incluyen diligencias destinadas a recabar información documental de la empresa. Fuentes cercanas a la investigación indicaron, según The Objective, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se habría opuesto al registro de la sede de la compañía.
El procedimiento judicial continúa abierto y bajo secreto de sumario, mientras el tribunal analiza si las operaciones comerciales entre Sidenor y la empresa israelí pudieron constituir delitos relacionados con el contrabando y la participación por complicidad en delitos de lesa humanidad, según las informaciones publicadas por los medios citados ▪
